La Ley, que duda cabe, está para cumplirse, guste o no. También en el Condado de Getafe, tanto dentro del castillo como extramuros. En esta ocasión, se ha organizado un sarao para que los Medios de comunicación tomáramos cuenta de la destrucción de CDs y DVDs piratas que han sido confiscados por la Polícía durante el año pasado.
Nada podemos objetar a que se destruya un material que jamás debería haberse puesto a la venta, porque es ilegal falsificar en España. Pero como en política nada es blanco ni negro, sino una infinita gama de grises, los actos públicos deben medirse con cautela y humildad, sobre todo con humildad.
Primero podemos analizar la compañía que acompañó al conde en el ya célebre acto. La Sociedad General de Autores de España, organismo privado que tiene la prebenda de controlar a todo cuanto tiene que ver con derechos de autor, se ha otorgado, de la mano del peor Judas de la historia del mejor musical de todos los tiempos, el poder de la nueva Inquisición española, y con mano y mente maquiavélicas, y con formas que rayan el fascismo, intentan imponer su doctrina poco o nada democrática en base a lagunas legales clarísimas. Para ellos, su primer objetivo es la censura y el control soviético, más aún, mahoísta, de todo cuanto se edita; llegando a la desfachatez de imponer multas (ellos las tramitan) a los gimnasios por tener una televisión en la sala de musculación. La SGAE, insistimos, nueva Inquisición, y su responsable pretenden cobrar a todos los que desde un servicio público vean la tele o escuchen la radio, o pongan un disco, o... Mientras que dejan en el limbo de la legalidad y la justicia la interpretación de: cuantas veces se pagan los mismos impuestos y derechos en este país.
Que sea de justicia destruir el material pirata incautado no significa que se tenga que armar un sarao flamenco para distribuirlo a la prensa y a la ciudadanía cual, por cierto, apoya mucho más al vendedor de discos piratas que a la SGAE. Por lo que el político que forma estos belenes, debería pensárselo dos veces de cara a la cita electoral. ¿Verdad señor conde?
Pero hay otro punto más doloso. Dentro del exquisito, insistimos, desarrollo de la imposición de la Ley por parte de la autoridad policial getafense, hay otra incertidumbre que debería explicar la corte del Castillo. ¿Que hacemos con los vendedores de este material pirata?
Todos los que venden material pirata, falsificaciones, en la calle son extranjeros sin papeles, sin permiso para residir, sin papeles para trabajar, sin trabajo. De hecho, además de que el caldo gordo se lo llevan las mafias, ellos, vendedores magrebíes, subsaharianos, pakistaníes, etc., se ganan la vida como buenamente pueden. Cuando les interceptan la mercancía, algo lógico y legal, se quedan en la calle.
¿Qué hace la autoridad del condado con ellos? Lo lógico es que si están ilegales se les ponga en la frontera a las 24 horas, así dice la Ley caldera. ¿Por qué vuelven a aparecer en nuestras calles? ¿Reciben algún tipo de ayuda del Castillo para poder malvivir?
Es un asunto social de extremada delicadeza. La SGAE pasa sobre él como la apisonadora que rompe los CDs, sin ningún miramiento ni humanidad. Para el peor Judas de toda la historia de la música, lo importante son los euros que se merecen (ciertamente) los autores y la lucha contra los nuevos endemoniados: los falsificadores. Pero se olvida de que detrás de este oscuro asunto hay seres humanos, pobres seres humanos, desarrapados seres humanos que buscan con esos pocos euros, llevarse algo de pan a la boca.
Se me dirá que ese no es problema de la SGAE. Cierto. Pero tampoco esta asociación privada es la Presidencia del Gobierno, por lo que su labor se refiere a la lucha por los derechos de los autores asociados (sólo de los asociados) y no a convertirse en los nuevos Torquemadas.
Los políticos deben actuar con humildad, coherencia y, sobre todo, siguiendo escrupulosamente los deseos del Pueblo. Los políticos deben hacer cumplir la Ley (toda, por cierto, sin que haya atajos para amigos y excompis) y por ello deben luchar contra el crimen (si es que podemos llamar criminal al que falsifica CDs o los vende en la calle) pero debe escuchar a la ciudadanía y, ante todo, defender al débil.
En las sonrisas por destrozar miles de CDs había implícita una sonrisa a la situación en la que quedan tantos africanos y orientales que malviven con cuatro euros.
¿Por qué no se actúa con ellos con la misma diligencia? ¿Por qué la SGAE no forma su propia ONG para ayudar a los pobres y desamparados ex vendedores de material pirata? Y, sobre todo, ¿dónde está el ministro Rubalcaba, la Delegada del Gobierno, el comisario de Policía y el propio alcalde que no expulsa de nuestro país a los inmigrantes ilegales? Por cierto, haciendo cumplir la Ley (Caldera) escrupulosamente.
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